La consejera de Hacienda defiende que la reforma propuesta no supondrá ni copagos en los servicios públicos ni subida de impuestos
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha cuantificado en 4.000 millones de euros los recursos adicionales que necesita Andalucía para la financiación de los servicios públicos. En una conferencia en el foro Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, la consejera ha destacado que es unánime la reivindicación de las comunidades que en su conjunto consideran que están infrafinanciadas, si bien ha hecho hinciapié en que el problema radica no en que los recursos sean insuficientes sino en que están mal distribuidos.
Durante su intervención, ha defendido que el punto de partida para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica debe ser la “estimación adecuada de las necesidades reales de gasto que permita recursos suficientes para los servicios públicos”. En este sentido, ha señalado que si se toma como referente el año 2014, a los servicios públicos esenciales le faltarían 16.000 millones de euros en el conjunto del Estado, una insuficiencia que ha cifrado en 3.400 millones de euros para Andalucía, a la que se añaden necesidades estimadas e insatisfechas en el resto de los servicios, lo que requeriría una necesidad de financiación de 4.000 millones de euros.
Montero ha situado el debate de la financiación autonómica como “uno de los temas más trascendentes que tenemos en el presente y que va a condicionar el modelo de sociedad que queremos, la equidad y el desarrollo que aspiramos alcanzar”. Por ello ha alertado que “lo que realmente está rompiendo España es la inequidad entre las personas, la brecha social y la incapacidad o dificultad de preservar las conquistas del Estado de bienestar que habíamos alcanzado”.
Asimismo, ha rechazado que la reforma de la financiación se aborde como una pugna entre territorios, porque “no contribuyen los territorios sino las personas, y cada persona contribuye en función de su capacidad y de su riqueza, y recibe según las necesidades individuales que tiene”.
En este sentido, ha señalado que la financiación autonómica no tiene que ver con los territorios sino con las personas, y “garantizar que vivan donde vivan tienen derecho y acceso a servicios de calidad en las mismas condiciones, independientemente de su capacidad fiscal o sus ingresos”. Se trata “de redistribución de la riqueza, de justicia y de equidad”, ha enfatizado.
Montero ha reivindicado asimismo el “papel esencial” de las comunidades autónomas en el debate de la financiación, ya que no son meras provisoras de servicios ni intermediarias entre el Gobierno central y la ciudadanía. “Las comunidades tenemos un puesto nuclear en la configuración del Estado y plena capacidad de autogobierno para hacer políticas de acuerdo con las necesidades de la población”, ha señalado.
Respecto a la propuesta de Andalucía para la reforma del sistema de financiación, ha señalado que los objetivos son: garantizar los recursos suficientes para las competencias transferidas, simplificar el modelo, velar por la igualdad en el acceso a los servicios públicos, y asegurar una mayor lealtad institucional así como una corresponsabilidad fiscal real.
Más recursos, sin copagos y sin subida de impuestos
Montero ha advertido que la insuficiencia de recursos en ningún caso se resolverá con la aplicación de copagos, ya que supondría “renunciar a la universalidad de los derechos”, ni tampoco con mayores potestades normativas sobre tributos cedidos, porque abocaría a las comunidades con menos renta a una “trampa fiscal” que ahondaría en las desigualdades territoriales y sociales.
En el nuevo modelo la población debe ser la variable decisiva para la distribución de recursos, una población ajustada que debe aproximarse a la población de derecho, con una ponderación que recoja variables como la insularidad y la dispersión geográfica pero que no penalice a la población real como ocurre en la actualidad. En este sentido, ha recordado que 220.000 andaluces no existen para el actual sistema de financiación.
La propuesta que ha avanzado supondría la inclusión de nuevas variables vinculadas con el gasto en educación (ampliar el tramo de población a efectos educativos de 16 a 18 años, incorporar a universitarios matriculados en centros públicos) y en protección social (incluir a dependientes atendidos por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aunque sin que ello suponga sustituir la financiación finalista de la Dependencia, y contemplar la tasa de paro y la población en riesgo de pobreza y exclusión).
La incorporación de estas variables para la ponderación de la población ajustada permitiría, según ha explicado, una mejor aproximación a las necesidades reales de gasto en los servicios públicos fundamentales, cuya demanda está íntimamente relacionada con las circunstancias socioeconómicas de la población. Del mismo modo, la crisis ha provocado un cambio en las perspectivas laborales de los jóvenes que, ante la falta de oportunidades, se han visto obligados a posponer su entrada al mercado de trabajo y han optado en muchos casos por permanecer en el sistema educativo para continuar con su formación.
Montero también ha abogado por la simplificación del modelo, “cuya aplicación ha derivado en complejidad cuando no directamente en arbitrariedad, especialmente en determinados fondos”. La propuesta defiende la sustitución de los actuales por dos nuevos y únicos fondos. El Fondo de Financiación de los Servicios Públicos para atender las necesidades de Sanidad, Educación y Protección Social, similar al actual de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, cuya dotación se ampliaría con el incremento de la participación de las comunidades autónomas en la recaudación del IVA (hasta llegar al 75%) y en los Impuestos Especiales, manteniendo el IRPF en el 50% como hasta ahora.
Por su parte, el nuevo Fondo de Desarrollo de las Autonomías para financiar el resto de las competencias y que sustituiría a los actuales fondos de Suficiencia Global, de Cooperación y de Competitividad y no requeriría aportación adicional de la Administración central. Otra novedad es que el criterio de distribución de este fondo también sería la población, lo que supone avanzar hacia la nivelación total para el conjunto de competencias homogéneas.
La nivelación total supone que el sistema proporcione idénticos recursos financieros para la prestación de los servicios públicos fundamentales y también proporcione la misma financiación per cápita, a igualdad de esfuerzo fiscal, en otras políticas. “Es una cuestión de equidad”, ha defendido la consejera, ya que todas estas políticas influyen en el crecimiento económico, la creación del empleo y la calidad de vida de los ciudadanos.
Fondo de Sostenibilidad de los Servicios Públicos
Finalmente, para completar el modelo y blindar la educación, la sanidad y la dependencia, se propone la creación de un Fondo de Sostenibilidad constituido con los excedentes de los años de mayor bonanza económica para evitar los vaivenes de los ciclos económicos, lo que garantizaría la dinámica del modelo. El objetivo es proteger estos servicios esenciales en caso de crisis, garantizando un mínimo de prestación si se produce una bajada de ingresos. Además, durante toda la vigencia, deberá producirse una actualización anual de las necesidades de gasto, con referencia a la tasa de crecimiento nominal del PIB.
Con esta nueva configuración, el modelo será “más sencillo, más objetivo y más justo”. Según ha defendido Montero, no requerirá de subida de impuestos, sino “simplemente de una participación más adecuada de las comunidades en la recaudación conforme a las necesidades de gasto y a las prioridades y demandas sociales de los ciudadanos”. En este sentido, ha rechazado los enfrentamientos entre comunidades y ha abogado por una mayor corresponsabilidad fiscal entendida como mayor participación en las decisiones sobre los impuestos, sin provocar competencia entre los territorios que acaban perjudicando a los ciudadanos sometidos a un mayor esfuerzo fiscal para obtener la misma recaudación.
Montero también ha aludido a la necesidad de cambiar el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que la autonomía financiera de las comunidades autónomas se refleje en una capacidad real de participar en la toma de decisiones. Asimismo, ha propuesto el progresivo abandono de los mecanismos extraordinarios de liquidez y la salida a los mercados de deuda pública, a través de emisiones individuales, conjuntas con otras comunidades o incluso con el Estado.
También se ha referido al reparto desequilibrado de los objetivos de estabilidad y a la necesidad de introducir “notables” cambios en la metodología y aplicación de la regla de gasto.
La consejera ha defendido que la propuesta de reforma del sistema de financiación responde a las necesidades de Andalucía, si bien “da encaje” a las expectativas del resto de comunidades autónomas. Asimismo, ha subrayado que se trata de una propuesta “abierta al diálogo”, nacida con vocación de “generar elementos de reflexión” y ha confiado en que se enriquecerá con la “aportación leal” de los grupos políticos.
