Una economía de Gobiernos cada vez más intervencionistas
La creciente carrera de subsidios y ayudas fiscales entre los Estados europeos tiene un coste y puede acabar fragmentando el mercado único en la UE
El Gobierno de España ha anunciado un plan de 3.000 millones para reducir la factura energética en un 40% en los hogares con bajos ingresos y las comunidades de vecinos con caldera de gas natural central, y pienso en cómo han cambiado los gobiernos capitalistas en los últimos años. Han decidido solucionar todos los problemas con medidas fiscales.
Las economías capitalistas ya no dejan que sea el mercado quien regule las diferentes situaciones, sino que han optado por decretar ayudas masivas para todos. Y ayudas rápidas, porque en todos los países predomina el cortoplacismo electoral. No debería ser necesario explicar que las ayudas son, en esencia, dinero que hay que financiar, y esta exigencia se materializa en el recurso a la deuda pública, pero en momentos de crisis, que suele ser cuando más se necesitan las ayudas, esto supone aumentar de manera notable la deuda pública.
Esta situación de ayuda estatal masiva empezó con la crisis financiera del 2007, donde gobiernos de diferentes países del mundo rescataron a los bancos. Un mal menor para evitar el fuerte impacto que hubiera producido una quiebra masiva y en cadena de entidades financieras. Y si bien es cierto que la medida no fue muy popular entre la población, solo hay que recordar la narrativa de que “se está rescatando a los bancos” como sinónimo del poder del sector financiero, esta ayuda contribuyó en ese momento a mejorar el PIB. Desde entonces, somos testigos de un absoluto intervencionismo estatal repartiendo ayudas sin freno: primero por el Covid-19 y ahora con las situaciones provocadas por la guerra rusa sobre Ucrania.
Durante el Covid, los diversos gobiernos establecieron múltiples programas de ayuda que representaron un mayor endeudamiento, y también diversos programas de ayuda de los que desconocemos el impacto que van a tener en las arcas del Estado y en su endeudamiento. Este es el caso de los préstamos ICO que se realizaron a través de los bancos con garantía del Gobierno en el caso de España. Ahora, con la guerra en Ucrania y la crisis energética, seguimos viendo numerosas actuaciones que impactan el mercado libre (por ejemplo, los topes en el sector eléctrico) y que tiene efectos en el presupuesto, como el plan de ayuda energética a las familias.
También hemos visto ya nacionalizaciones de compañías energéticas en la zona euro, como es el caso de Alemania, que asimismo ha puesto en marcha un plan para un fondo nacional de emergencia energética de 200.000 millones de euros. Una decisión que hizo sonar las alarmas de toda la Unión Europea, ante el temor a que los países de la UE con más espacio fiscal, como ocurre precisamente con Alemania, puedan gastar más que otros al enfrentar la crisis.
Una circunstancia que podría fragmentar el mercado único de la UE, “estableciendo una carrera por los subsidios y poniendo en tela de juicio los principios de solidaridad y unidad que sustentan nuestro proyecto europeo”, tal como han afirmado los comisarios del mercado interior Thierry Breton y de economía Paolo Gentiloni, que en su lugar han propuesto una “herramienta mutualizada a nivel europeo” que “proteja a todas las empresas y ciudadanos europeos”, de manera similar a los instrumentos de apoyo creados durante la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, no se debe olvidar que los mercados financieros, al contrario de lo que sucede en la economía real, siguen siendo globales, castigan a los gobiernos que deciden ir adelante con planes fiscales que no tienen en cuenta el endeudamiento público ni el coste que, en consecuencia, tendrán que afrontar. Es una evidencia que se ha podido ver con el impacto del anuncio de las medidas de recorte de impuestos en el Reino Unido hace unas semanas: caída de la libra, subida de los tipos a largo plazo, desconfianza generalizada.
Es definitiva, las medidas fiscales de ayuda no son neutras para los países y, por tanto, tampoco para las empresas y las familias, porque estas van a tener que sobrevivir en el escenario de tipos de interés, tipos de cambio, y flujos de capitales –entre otros factores– que tiene su origen en las acciones gubernamentales de ayudas en los países que gobiernan. El intervencionismo constante no se puede sostener en una economía global e interconectada y un mercado financiero con capacidad para desplazar sus recursos allá donde la rentabilidad no se vea amenazada por razones políticas.
Las empresas españolas en este momento se encuentran con una situación donde los bancos centrales están subiendo tipos de interés para parar una inflación galopante, donde se producirá un impacto en el crecimiento en ese intento de contener la inflación, en gran parte provocada por la crisis energética, y donde se están mutualizando las pérdidas que aparecen en cada uno de los sectores de la sociedad, sin realmente bajar los impuestos corporativos.
Deterioro, por tanto, de cuentas de resultados y balances en el tejido empresarial. A esto se une un riesgo político derivado de las políticas fiscales que el Gobierno establezca, que además de los efectos directos que pueda tener sobre las compañías, puede ahuyentar inversiones, y provocar una espiral mayor de subida de tipos.
Mar Turrado es CEO y fundadora de Findango Finance
