La Cámara de Comercio de España solicita al Gobierno medidas urgentes y determinantes para garantizar la subsistencia de la economía

En este momento de excepcional gravedad, la prioridad absoluta es la salud y la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, la adopción de medidas económicas decididas y urgentes es el único camino posible para garantizar al máximo y con carácter inmediato la actividad económica y el empleo. 

El foco debe colocarse sobre la supervivencia de las empresas porque en ellas están millones de puestos de trabajo que no se pueden perder. En ese sentido, asegurar la liquidez del tejido productivo, a través del aval público, es esencial para la continuidad de las empresas. El Gobierno de España y la Unión Europea deben tener en cuenta la extrema gravedad de la situación y con carácter temporal adaptar sus políticas a la nueva situación. 

Además, debe prestarse todo el apoyo posible a las personas que se vean afectadas para ayudarlas en escenarios de pérdida de empleo o de dificultad para hacer frente a sus compromisos financieros. 

La importancia en la economía española de sectores como el turismo, la industria, el comercio o el transporte así como el peso de las pymes hace más necesario aún la inmediatez en la toma de decisiones. 

En este contexto, la Cámara de España presenta una propuesta de medidas urgentes, que podrá ampliarse en los próximos días, para favorecer la superación de esta grave crisis, y ofrece su leal cooperaciónón a la Administración General del Estado para ponerlas en marcha. 

Medidas laborales: 

  1. Facilitar la flexibilidad laboral en las empresas. Agilizar/reducir los plazos para el trámite de procedimientos de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornadas por causas productivas. En particular, simplificar el procedimiento burocrático asociado a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por la vía de la reducción en la documentación a aportar y en el acortamiento de los plazos de resolución con carácter transitorio, sin merma en la seguridad jurídica del proceso, v aclarar la clasificación de epidemia en el ámbito de la regulación laboral. 2. Permitir el aplazamiento de manera extraordinaria para todas las empresas y autónomos de las cuotas de la Seguridad Social sin recargos ni intereses. Contemplar la bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social de los autónomos obligados al cese de actividad por cuidado de hijos o dependientes ante 

el estado de alarma. Esta bonificación se extendería a los trabajadores autónomos con asalariados a su cargo obligados a realizar un ERTE. 

  1. Facilitar el acceso de los autónomos a la prestación por cese temporal de actividad ante una caída de ingresos provocada por la crisis sanitaria y garantizar el abono de las bajas desde el primer día. 
  2. Garantizar la disposición de material de protección en los centros de trabajo (por ejemplo, mascarillas o guantes). Debería establecerse un cupo para la actividad productiva, siempre que se asegure previamente el stock para sanidad. La utilización de este material permite a los centros productivos ser más seguros, pero este suministro no se puede gestionar desde cada empresa ya que se ha convertido en una cuestión de Estado. 

Fiscales: 

  1. Aplazar el pago de impuestos trimestrales y retenciones los dos primeros trimestres del año a autónomos y pymes que se hayan visto afectadas en su actividad en todo el país, y contemplar la posibilidad de condonación en determinados supuestos. 
  2. En el caso de grandes empresas, aplazar sin coste adicional el pago de estos impuestos de los dos primeros trimestres del año para su abono en los próximos doce meses, cuando la actividad se haya podido recuperar completamente. 
  3. Evitar cualquier situación que en el corto plazo penalice o afecte negativamente a la actividad de las empresas, en particular, la creación de nuevos impuestos o tasas que impacten negativamente al tejido productivo o a sectores de actividad concretos. 
  4. Aplicar fórmulas flexibles en el ámbito impositivo que fortalezcan al tejido productivo.

Financieras: 

  1. Poner en marcha con carácter de urgencia líneas de crédito, por parte de todos los instrumentos públicos de financiación, sin intereses y con plazos de carencia de al menos un año en la devolución del capital principal para pymes y autónomos en toda España. 
  2. Asegurar la liquidez de las empresas disponiendo avales con garantía soberana para la financiación del capital circulante de pymes y autónomos por parte de los bancos privados, que pueda ofrecerse en las mismas condiciones descritas con anterioridad, y siempre sujeto a los criterios de endeudamiento del Estado. 
  3. Asumir, por parte de la Administración, los costes derivados de adoptar las medidas excepcionales en determinados sectores directamente afectados, como por ejemplo el confinamiento en los hoteles. 
  4. Actualizar y agilizar los pagos retrasados por parte de las Administraciones públicas y las devoluciones tributarias pendientes. Esta agilización es extensible al abono de las prestaciones por desempleo, ayuda alimentaria, red de seguridad, etc. 
  5. Flexibilizar la regla de gasto a los ayuntamientos en el año 2020 con el fin de que inviertan en autoconsumo y apoyo al tejido productivo y social, siempre que lo financien sin incremento en la deuda. 

Administrativas: 

  1. Poner en marcha un punto de contacto directo en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ministerio de Hacienda, y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que pueda informar con carácter específico y hacer efectivas las solicitudes de las empresas, trabajadores y autónomos en sus respectivos ámbitos de actuación. Si fuera posible, preferiblemente habilitar un punto de contacto único en la Administración General del Estado que pueda ofrecer este servicio de modo centralizado. 
  2. Definir protocolos homogéneos para las actuaciones sobrevenidas como consecuencia de la crisis del COVID-19 en los ámbitos laboral, mercantil y fiscal mediante la publicación urgente de una guía dirigida a operadores económicos. De modo complementario, establecer un módulo de preguntas frecuentes y tutoriales para la tramitación por medios telemáticos de los procedimientos específicos habilitados como consecuencia de la crisis del COVID-19. 
  3. Constituir de manera urgente grupos de trabajo con representantes de todos los sectores económicos, con el objetivo de identificar dificultades y proponer las medidas correctoras necesarias para cada sector con la mayor inmediatez y precisión posibles, para así asegurar la eficacia en los tiempos de aplicación de las acciones. La Cámara de España ofrece su colaboración y participación en estos grupos de trabajo en cumplimento de la función consultiva que le asigna la Ley. 
  4. Reforzar la coordinación en las actuaciones a nivel interministerial, autonómico y municipal, así como con los diferentes sectores de actividad para proporcionar una respuesta uniforme a las incidencias. 

La Cámara de Comercio hace hincapié en la importancia de poner en marcha todas estas medidas de inmediato, así como en la necesidad de articularlas de tal forma que las empresas, particularmente las pymes y los autónomos, puedan hacerlas efectivas en las próximas horas, agilizando trámites administrativos, habilitando puntos de contacto ad hoc en la Administración General del Estado y dando, en definitiva, una respuesta accesible e inmediata para los operadores de todo el país. 

Para la aplicación de estas medidas, la red cameral pone al servicio de la Administración su capilaridad para asegurar la correcta información de todo el tejido productivo español.